Un país perdura en las palabras que salva.
Toda época inventa una superstición que acaba por gobernarla. La nuestra, acaso, sea que sólo existe de verdad aquello que puede medirse.
Medimos lectores, ejemplares, funciones y reproducciones. Medimos la velocidad con que una obra circula y el tiempo que tarda en ser olvidada. Corremos el riesgo de confundir la cifra con el valor.
La cultura pertenece a otro orden del tiempo. Un libro puede demorarse años en encontrar a su lector. Una frase perdida en una biblioteca puede atravesar generaciones.
La escritura fue una de las primeras rebeliones contra la desaparición. Antes de ella, la palabra moría con la voz. Después pudo viajar, esconderse, esperar. Cada libro es un objeto inanimado que nunca deja de moverse.
El espíritu de la Ley 25.542, sancionada en 2002, fue reconocer esa complejidad, fue admitir que un país que sólo conserva aquello que obtiene una respuesta rápida confunde rentabilidad con riqueza. Hay bienes cuyo valor aparece con el tiempo y no coincide con su éxito inmediato.
La función del Estado no consiste en decidir qué merece perdurar, sino en trabajar para los ciudadanos, incluso los que aún no nacieron. Ninguna época debería convertir sus límites en herencia.
“Desregular” suena a una puerta que se abre. Pero puede ocultar la eliminación de las condiciones que permiten que una obra encuentre quien la publique, llegue a una librería y se encuentre con su lector.
El Anteproyecto de Ley de Desregulación, del pasado 6 de julio, conserva palabras nobles —fomentar, proteger, promover, garantizar—, pero elimina instrumentos destinados a convertirlas en hechos. No existe política cultural si desaparecen la participación, las políticas federales, los programas de lectura y los mecanismos de promoción.
La Ley 25.542 no dispone que un funcionario decida cuánto debe costar un libro. Establece condiciones equivalentes en todos los puntos de venta. Los grandes operadores pueden vender un éxito por debajo de su margen y esperar. Una librería independiente vive de la novedad y del fondo, del nombre reconocido y del autor aún no descubierto.
Una librería es el lugar donde alguien entra buscando un título y sale descubriendo otro. Es una memoria organizada por lectores, una antena cultural, una recomendación que ningún algoritmo habría formulado. El algoritmo recomienda lo que ya se vende; el librero, lo que todavía no encontró a su público.
Cuando desaparece una librería se pierde una forma de circulación del pensamiento y se estrecha el horizonte del lector.
Una editorial independiente puede sostener durante años una voz que aún no es rentable y llevarla a escuelas, bibliotecas, ferias y comunidades alejadas. Si después llega el reconocimiento, parecerá que el mercado acaba de descubrirla. Pero alguien la sostuvo cuando no estaba mirando.
Ese trabajo silencioso constituye la infraestructura invisible de nuestra cultura. No figura en las listas de ventas, pero decide qué memoria tendremos.
Argentores toma la palabra porque quienes escribimos para distintos lenguajes y plataformas no habitamos un territorio separado del libro. Toda escena nace en una lengua alimentada por lecturas, bibliotecas, traducciones, docentes, editoriales y librerías.
No es casual que el mismo anteproyecto proponga derogar la protección de la industria nacional del doblaje. En ambos casos, la palabra es considerada un costo que puede reducirse o contratarse en otra parte. Pero una voz es trabajo, identidad, conocimiento y pertenencia.
Las leyes deben actualizarse. El comercio digital, las nuevas formas de lectura y las plataformas lo exigen. Pero actualizar no es destruir. Hace falta un debate público, federal y transparente, construido con los autores y no a pesar de ellos.
Detrás de cada artículo hay personas. Una derogación deja de ser técnica cuando cierra una librería. Una promesa de competencia deja de ser libertad cuando reduce el número de voces capaces de llegar al público.
Un país se vuelve ilegible cuando decide que sólo merece leerse aquello que se vende rápido. La libertad no consiste en que el más poderoso tenga margen para bajar un precio. Consiste en que nadie pueda comprar el silencio de los demás.

